En el marco de las políticas extractivistas en América Latina, la República de Panamá con una biodiversidad abundante, no escapa de la realidad de los pueblos sometidos a un modelo de desarrollo desigual, e inhumano. Muchos son los conflictos sociales y ecológicos, la Laguna de Matusaragatí representa otro episodio de violaciones a las normas legales del país y los Derechos Humanos.

La laguna de Matusagaratí, ubicada en la provincia de Darién a 3 horas de la capital istmeña, es considerada la reserva de agua dulce más grande de Panamá, cuyo humedal es refugio de aves y de animales silvestres como el jaguar, águila harpía, y otras especies protegidas. La cual, abarca un riqueza vegetal, con especies únicas, alimentada del gran río Tuira.

Sin embargo, en los últimos años, ha sido objeto de estudios e investigaciones sobre su ordenamiento y conservación ante el conflicto socioambiental de la extracción de bienes ecológicos, y para la implementación de la palma aceitera, que también se le denomina palma africana.

Del 2007 a 2013, algunas instituciones como la Autoridad del Ambiente (ANAM) actualmente Ministerio del Ambiente MIAMBIENTE, Reforma Agraria (ANATI) actualemente la Autoridad de Titulación de Tierras, y la Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP), dejaron a la deriva la situación de este reserva. Durante ese tiempo la empresa AGSE Panamá SA realizó canales de desagüe, taponó ríos y quebradas, desvió cursos de otros, fumigó, y secó tanto el humedal y la laguna. Hay que señalar que también hay otras empresa en el área como la Fundación Panamá Canal de Vida y a la sociedad Palmares de Cupe, S.A., proyecto de siembras de palma aceitera en zona inadjudicable, que son más de 50 hectáreas del Bosque Protector Alto Darién (BPAD), en Boca de Cupe, en Chupanuno.

Pero la situación se complica, debido ya que el promotor del cultivo de palma aceitera en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Darién (PND), Carlos Iván Mantilla Ramos, es señalado en una investigación por supuesta estafa. Proceso que se le sigue al exasesor del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), Osman Alexis Soto, por perjuicio de esta entidad bancaria y de la sociedad Badger Services Inc. Por ende,

Debido a la situación y denuncia de muchos campesinos, debido a la estafa en la venta de sus tierras, algunos han sido víctima de intimidación y amenazas directas a la vida de su familia. Un caso muy especial es de la periodista y ambientalista, Ligia Arreaga, y miembro de la organización Alianza por un Mejor Darién, amenazada de muerte al interponer una denuncia el 10 de diciembre de 2009. Cuyas pruebas fue el documento Contrato de Cesión de Tierras, en el cual aparecen como compradores de tierras

Pero enfatizamos, que el monocultivo de la palma aceitera ha reemplazado las siembras tradicionales y se expande en Boca de Cupe, a solo 5 kilómetros del Parque Nacional Darién (PND), reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad.

La Alianza por un Mejor Darién AMEDAR, organización de afectados y pro guardianes del patrimonio ecológico y social, han propuesto que como justicia ambiental, la laguna de Matusagaratí y las tierras del humedal vuelvan al Estado. Ya que los humedales no puede ser sujeto de apropiación privada. Y que por el contrario el Estado, y el gobierno como su representación, debería reapropiárselas y sancionar a aquellos, que de manera ilícita actuaron contra las leyes nacionales, específicamente las que protegen áreas ecológicas.

Así queda demostrado, que durante el proceso para declarar el humedal laguna Matusagaratí, en la provincia de Darién, como área protegida, el Ministerio de Ambiente detectó que dentro de la zona se realizaron adjudicaciones de terrenos baldíos nacionales ilegamente.

Hay que destacar, que un logro de la lucha de las comunidades afectadas, es la declaración de Refugio de Vida Silvestre Sistema de Humedales de Matusaragatí, mediante Resolución Nº DM 0018, del 20 de enero de 2017. Pero, la misma carece de presupuesto y procedimiento, que pueda se efectiva su propósito. Más no así, la industria de la palma aceitera, continua su tráfico de influencia para deslindarse de las denuncia, y así lograr su legalidad para sus operaciones.

Por: Colectivo Voces Ecológicas COVEC