La influencia y la impunidad empresarial en África del Sur afecta cada vez más a las comunidades locales, sobre todo en el campo, donde se producen gran parte de las expropiaciones de tierras. Esto se remonta a los siglos en los que los poderes coloniales se repartieron el continente para alimentar con sus recursos las economías occidentales.

En los últimos años, hemos presenciado una nueva ola de expropiaciones de tierras tras una crisis alimentaria global que se caracterizó por los elevados precios de los alimentos y la necesidad de energías renovables alternativas como los agrocombustibles, considerados erróneamente como una solución a la crisis climática.

La resistencia local contra el poder empresarial en África es relativamente desconocida. Las comunidades locales afectadas, sobre todo en el campo, no se han limitado a ser víctimas pasivas, sino que han organizado todo tipo de acciones de resistencia como sabotajes, desobediencia civil, huelgas y acciones judiciales

En agosto de este año el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las Empresas Transnacionales se reunió en Johannesburgo, Sudáfrica, en lo que significó una extraordinaria denuncia a nivel regional de los abusos de las empresas, así como la celebración de un protagonismo rural comprometido y resolutivo.

La reunión del tribunal se celebró en el marco de una lucha más amplia para desmontar el poder empresarial y su arquitectura de la impunidad. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal de opinión pública reconocido internacionalmente que funciona con independencia de las autoridades estatales

En una sesión de audiencias ante un respetable jurado, ocho comunidades de Mozambique, Malaui, Tanzania, Zambia, Mauricio y Madagascar presentaron casos sobre el impacto que las empresas transnacionales (ETN) tienen en su sustento, sus tierras y sus derechos humanos.

El Tribunal Permanente de los Pueblos

El repertorio de contención, entendido como el conjunto de acciones y herramientas de protesta llevadas a cabo por los movimientos de base, incluye la construcción de solidaridad entre las distintas luchas de la región.

En este contexto, la celebración del Tribunal Permanente de los pueblos (TTP) en Sudáfrica es un proceso que no solo ofrece a las comunidades afectadas por las empresas transnacionales la oportunidad de denunciar las atrocidades de estas empresas, sino que les permite aprender de las experiencias comunes, elaborar estrategias a nivel regional.

En la sesión del tribunal en Johannesburgo, ocho comunidades presentaron casos que demuestran que la imparable acumulación de capital de las ETN destruye sus medios de subsistencia, el medio ambiente y, a la larga, la soberanía de sus países.

En la mayoría de los casos que se presentaron, las empresas llegaban a criminalizar la resistencia y las protestas. Precisamente esto fue denunciado en el caso de Mozambique, donde los campesinos y activistas que luchan contra ProSavana, denuncian que se ven acosados y amenazados con la cárcel.

ProSavana es un programa agrícola trilateral propuesto por los Gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón para sembrar cultivos comerciales y otros productos agrícolas para la exportación en la zona del Corredor de Nacala, al norte de Mozambique.

En 2013 la Unión de Campesinos de Mozambique (UNAC) promovió una campaña de movilizaciones, presionando a los Gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón para que cancelasen el programa. Desde entonces, los detractores del ProSavana han llevado a cabo numerosas acciones, entre ellas presentar una queja a un comité independiente de examinadores en Tokio, que tras aceptarla ha investigado la conducta de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en relación al polémico ProSavana.

La aceptación de la investigación supone el reconocimiento de que las alegaciones presentadas por las personas afectadas están bien fundamentadas y merecen ser verificadas. ProSavana no ha conseguido hoy por hoy llegar a un consenso para su implementación.

Por su parte, ocho activistas tanzanos fueron arrestados y encarcelados durante más de cuatro meses (de diciembre de 2016 a abril de 2017) por las autoridades malauíes cuando viajaron a Malaui para observar el impacto que la extracción de Uranio tiene sobre el medio ambiente y la salud humana.

Ante el tribunal, declararon que temían los efectos negativos de la extracción de Uranio en Tanzania, en el Proyecto del Río Mkuju en el área de Namtumbo, en la región de Rovuma, que se encuentra en estado de exploración. Según los representantes de Tanzania, el arresto de los activistas y el ulterior caso judicial respondían a criterios políticos y el estado no pudo demostrar las acusaciones.

Volviendo a Mozambique, los miembros de la comunidad local están luchando contra la construcción de una enorme presa hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa en el río Zambeze de la provincia de Tete, en el centro de Mozambique. Tres miembros de las comunidades afectadas dijeron a los jueces que la presa desplazaría a unas 1.400 familias. Justiça Ambiental, una ONG que trabaja con estas comunidades, calcula que alrededor de 200 mil personas que viven río abajo se verán afectadas por el funcionamiento de la presa.

En Malaui, la Asamblea de Mujeres Rurales denunció ante el tribunal que Monsanto acapara las subvenciones y los presupuestos del Gobierno, que se ve forzado a importar semillas híbridas, limitando el conocimiento local y destruyendo la soberanía de semillas. Las mujeres campesinas son las más afectadas por esta medida, afirmaron.

El Centro de Apoyo e Investigación para Alternativas de Desarrollo de Madagascar está luchando contra un proyecto de ilmenita a gran escala al sur del país de la Madagascar Resources Company. Se recela de este proyecto porque afectará a doce pueblos e invadirá el bosque Mikea, donde habitan varios grupos indígenas.

El bosque es una fuente de sustento importante para la gente local. “Si este proyecto avanza, las personas se verán privadas de los recursos necesarios para su sustento y para actividades sanitarias, y esto afectará principalmente a las mujeres”, dijeron miembros de estas comunidades.

Muchas de las compañías que invierten en tierras y minerales en África del Sur están registradas en Mauricio, en el océano Índico. Mauricio es un conocido paraíso fiscal y facilita los flujos financieros ilícitos en el país, lo que permite a los inversores dañar las economías locales de los países en los que operan.

La primera sesión de audiencias de este tribunal se celebró en agosto de 2016 en Manzini, Suazilandia. Diez comunidades de otros países de África del Sur presentaron casos de abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas en la industria extractiva.

Ambas sesiones (Manzini y Johannesburgo) fueron organizadas por la campaña global de África del Sur llamada “Desmantelemos el poder corporativo y acabemos con la impunidad”, con participantes como la Red de Acción Popular de África del Sur y el Diálogo del Pueblo.

Esta campaña está formada por una red de más de 200 movimientos sociales, organizaciones y comunidades que resisten el acaparamiento de tierras, la minería extractiva, los salarios abusivos y la destrucción medioambiental de las ETNs en distintas regiones del mundo.

Este Tribunal Permanente de los Pueblos es un paso importante para llamar la atención de la comunidad internacional y vigilar el feroz comportamiento de las ETN en África, así como para facilitar la construcción de una plataforma de lucha más fuerte de las comunidades afectadas que acabe con los abusos perpetrados por esas empresas.

Un “desarrollo” destructivo

Las expropiaciones de tierras y recursos en África del Sur se consiguen gracias a inversiones del sector financiero e industrial, que trabajan mano a mano guiados por el ansia de obtener beneficios y controlar las materias primas. Estas inversiones incluyen transacciones de tierras para la minería, la agricultura y el turismo.

El acaparamiento de recursos con total impunidad por parte de las empresas no se detuvo con la independencia de muchos países de África del Sur, sino que continuó con la colaboración de las nuevas élites gobernantes, justificándolo como “proyectos de desarrollo” y disfrutando de la protección y el apoyo del Estado.

Cientos de miles de campesinos y pueblos indígenas siguieron trabajando la tierra en zonas marginales mientras que las tierras más ricas en minería y agricultura eran controladas por unos pocos. La mayoría siguió viviendo en la pobreza y el hambre. Los problemas empeoraron en los años ochenta, con los intereses neoliberales sintetizados en la “globalización” precedidos por bajos precios agrícolas en los mercados globales.

Ese programa neoliberal sobre el desarrollo, que trató de lidiar con los déficits a través de Programas de Ajuste Estructural (PAE), pidió que el Estado se retirara de las actividades económicas. La apertura de las fronteras nacionales al libre flujo de bienes, la retirada del Estado de la economía para dedicarse a la mera “supervisión”, el capital financiero sin restricciones y la hegemonía de las empresas transnacionales forman parte de ese programa.

Como resultado, asistimos al aumento de expulsiones de campesinos de sus tierras y territorios, a nuevas formas de control por parte de los monopolios sobre la tierra y el agua, a la imposición global de sistemas de propiedad intelectual que roban las semillas de los campesinos, a la invasión de las semillas transgénicas y a la proliferación de las plantaciones monocultivo, los megaproyectos y las minas.

Mientras tanto, la desigualdad económica crece en el continente y supera al resto de los países en desarrollo, incluso a Latinoamérica. El continente experimenta un incremento de la población joven (15-24 años), pero no ha conseguido crear suficiente empleo digno. Sudáfrica, la economía más desarrollada del África subsahariana (ASS), presenta una tasa de desempleo juvenil del 54%.

Despojar a los indígenas de sus tierras

El resultado de todo lo anterior es una concentración sin precedentes de la propiedad de la tierra, los bienes naturales y los alimentos. Un puñado de corporaciones transnacionales controlan las cadenas de valor agrícolas y alimentarias. Los movimientos sociales critican su modelo de producción, que consideran socialmente injusto e insostenible desde un punto de vista económico o medioambiental, ya que depende del uso intensivo de la maquinaria agrícola y químicos tóxicos, y del uso de semillas modificadas genéticamente, como sucede en Sudáfrica. Como consecuencia, las verdaderas causas del deterioro social, económico y medioambiental aún persisten.

Existen nuevas estrategias para despojar a los indígenas y campesinos de sus tierras y territorios. Algunos mecanismos, como la “reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques” (REDD) son promovidos por gobiernos y empresas, con el supuesto objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando en realidad bloquean el acceso de familias y comunidades rurales a sus propias tierras, bosques y recursos hídricos, poniendo en riesgo su capacidad de producir alimentos y luchar contra la pobreza.

Con el pretexto de la escasez del agua destinada a la irrigación, el acceso al agua y su uso para la irrigación se restringe y se sugiere que se concentre en los “cultivos de alto valor”; así, los cultivos destinados a la exportación, agrocombustibles y otros cultivos industriales reciben irrigación mientras que los cultivos alimentarios de los campesinos se ven privados del agua.

A raíz de la actual crisis alimentaria global, muchos inversores e incluso gobiernos se han puesto a buscar terrenos cultivables “vírgenes” para producir más alimentos. Algunos inversores quieren alimentar los “futuros sobre materias primas” para aumentar los beneficios en estos nuevos paraísos de rentabilidad, mientras que otros quieren producir cultivos flexibles de alimentos y agrocombustibles, ya que la presión aumenta para reducir los combustibles fósiles. Por su parte, los gobiernos buscan preservar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos.

La demanda de tierras es tan grande que ha dejado a cientos de miles de campesinos sin terrenos ni suministro de agua, privándoles de su sustento.

Como consecuencia del abandono que sufre la agricultura campesina por parte de los gobiernos y de las bajadas de los precios, la mayoría de los campesinos se han visto forzados a buscar trabajo estacional en grandes plantaciones, para mantener los ingresos de sus propias explotaciones.

El sistema de trabajo estacional ofrece sueldos muy bajos y duras condiciones de trabajo. Los bajos sueldos mantienen al campesino atado a este sistema y arrebata una mano de obra imprescindible a las explotaciones de campesinos. La mayoría sufren de exposición crónica a agroquímicos tóxicos (pesticidas) y tiene que regresar a sus casas en el campo para que sus familias cuiden de ellos.

El flujo de inversiones extranjeras en la región no se detiene, alentadas por los constantes “descubrimientos” de reservas de gas, combustible o minerales y el afán por usar las tierras africanas, supuestamente infrautilizadas, para “saciar” el hambre del mundo. Sin embargo, es alentador saber que los pobres en África del Sur, en particular el mundo rural, se están movilizando para resistir esta ola neoimperialista.

*Nota: Boaventura Monjane es un periodista y activista social mozambiqueño. Es doctorando en Poscolonialismos y Ciudadanía Global en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (beca FCT). En la actualidad es investigador asociado invitado por el Instituto de Estudios Agrarios y de la Tierra de la Universidad del Cabo Occidental.  Traducción: Patricia Campo