La Mesa de Cambio Climático de El Salvador, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del marco de políticas sobre cambio climático en El Salvador, para que la acción climática a todo nivel asegure la mitigación global real y efectiva de las causas del cambio climático, y habilite la adaptación oportuna y apropiada a nivel nacional y local,

Considerando que el mecanismo de REDD-plus:

· Es una modalidad de comercialización de la naturaleza, mediante el cual los “resultados de mitigación” supuestamente logrados en sumideros o reservorios de carbono (vegetación, suelo y agua) en un país, son transferidos internacionalmente como bonos de carbono, de forma costo-efectiva, para que los países compradores compensen sus emisiones fósiles de gases de efecto invernadero (GEI); permitiendo continuar el modelo global de «producción ilimitada, consumismo y desechos crecientes», asociado al acaparamiento de tierras, el extractivismo y la quema de combustibles fósiles que conlleva al agravamiento de la crisis climática actual.

· Es inefectivo para la mitigación global del cambio climático, pues las actividades elegibles para la compensación de emisiones de GEI no son adicionales ni permanentes; la mensurabilidad del carbono es incierta y su verificabilidad compleja y de alto costo; se generan desplazamientos de emisiones y existe un alto riesgo de doble cómputo de la absorción antropógena.

· Es inapropiado para la adaptación, por generar mayor vulnerabilidad ambiental, política, socio-cultural y económica en el ámbito nacional y en las comunidades y territorios intervenidos y propuestos con actividades de REDD-plus, por: pérdida de seguridad y soberanía alimentaria, hídrica y nutricional; vulneración de los derechos de acceso y uso de la tierra y medios de sobrevivencia, entre otros derechos humanos, incluyendo el aumento de la emigración; dependencia nacional y familiar de paquetes agro- y bio-tecnológicos; cambio de la economía campesina y ancestral, a la de escala agroindustrial; pérdida de la biodiversidad por el establecimiento de plantaciones mono-específicas de especies foráneas y cultivos agroindustriales; y hegemonía de las corporaciones internacionales y cadenas de suministros y productos relacionados con la industria agroquímica; semillas, cultivos y árboles genéticamente modificados; madera, pulpa y papel; aceite vegetal y alimentos; y biocombustibles.

Resalta con preocupación que el abordaje actual del cambio climático en El Salvador se centra en la implementación de REDD-plus; haciendo notar que:

· En El Salvador, REDD-plus se implementa principalmente mediante actividades promovidas y planificadas como parte de las iniciativas del «Reto de Bonn» y el «Fondo Cooperativo del Carbono Forestal del Banco Mundial» (FCPF); bajo la sombrilla del «Plan Hacia la Restauración y Reforestación de Ecosistemas y Paisajes» (PRREP, 2016) y su antecesor, el «Programa para la Restauración de Ecosistemas y Paisajes» (PREP, 2012), con el compromiso de la presidencia de la república de restaurar la mitad del territorio nacional, equivalente a manejar un millón de hectáreas, lo cual fue retomado en 2015 en la Contribución Prevista Determinada a nivel Nacional (INDC) del Estado salvadoreño.

· El PRREP-PREP se implementa y promueve como si fuera un instrumento destinado a revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad al cambio climático; cuando en realidad no plantea acciones para la adaptación al cambio climático, ni para la restauración o rehabilitación de ecosistemas, paisajes y sistemas agropecuarios, por no atacar las causas subyacentes de la deforestación y la degradación en el país, ni haber sido concebido ni sustentado a partir de un marco de políticas para la adaptación idóneo, eficaz y transparente.

· Las etiquetas como “Mitigación basada en Adaptación”, “REDD sin mercados”, “REDD indígena”, “ciudades más verdes”, “Agricultura Inteligente al Clima”, “Agricultura Sostenible Adaptable al Clima”, “REDD a escala de ecosistemas y paisajes” u otras, utilizadas por los promotores de REDD dentro y fuera del país; han servido para dar un rostro amigable al mecanismo de REDD-plus, ocultando las falencias, amenazas e impactos negativos que le restan sustentación, credibilidad, legitimidad y aceptación.

· El fomento y manejo poco transparente de REDD-plus en El Salvador, por parte de las instituciones estatales responsables de la administración de gobierno, omite divulgar la información relativa a sus disfunciones, las cuales han sido ampliamente estudiadas y documentas a nivel mundial, y deberían hacerse del conocimiento de los productores agropecuarios, comunidades rurales, manejadores de áreas naturales y propietarios de tierras ubicados en las localidades en las que el PRREP-PREP se implementaría en El Salvador.

· La «neutralidad en la degradación de las tierras» y el concepto de «bosque» de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), son promovidos y utilizados en la implementación de REDD-plus para reportar valores netos aparentes de reducción, neutralización o reversión de la degradación y deforestación; pues bajo estos conceptos, la reforestación, manejo o conservación de ecosistemas y paisajes en un área, desplaza la deforestación, destrucción y degradación a otras áreas de ecosistemas primarios y secundarios, ecosistemas críticos y tierras susceptibles a desastres; contribuyendo y exacerbando la vulnerabilidad ecosistémica por el desplazamiento de emisiones de GEI, establecimiento de plantaciones mono-específicas de especies foráneas y promoción de cultivos agro-industriales.

· El financiamiento para REDD-plus se canaliza mediante diversas modalidades, tales como: fondos en fideicomiso (ej.: FCPF), cooperación internacional y convenios bilaterales (ej: Fondo Francés para el Medio Ambiente) y multilateral (ej: Fondo Verde del Clima), compra-venta directa de bonos de carbono o a través de intermediarios; todas convergen hacia la satisfacción de la demanda de “resultados de mitigación” o bonos de carbono transferibles internacionalmente dentro de un mercado mundial de carbono

· Por lo anterior, teniéndose altos riesgos asociados principalmente a la sobreoferta de bonos de carbono, bajos precios del carbono y altos costos de manejo y transacción, incluidos los derivados de las acciones de medición, verificación y auditoría, y la certificación de sumideros y reservas de carbono; es por tanto inconveniente, que las medidas para enfrentar el cambio climático en el sector “Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura” (UTCUTS), el sector agropecuario y los ecosistemas, queden sujetas a contratos asociados a esquemas de REDD-plus; pues provocaría mayor vulnerabilidad y pobreza de las comunidades por desalojo, despojo y desarraigo de tierras de pueblos indígenas y migración forzada; como también consecuencias fiscales al Estado.

· Las manifestaciones del cambio climático que convierten los sumideros y reservorios de carbono en fuentes emisoras de CO2, y la carencia de evaluaciones sobre los impactos del cambio climático en los sistemas naturales y humanos terrestres y acuáticos en el país, y de estudios de factibilidad para el establecimiento y manejo de un millón de hectáreas en el marco del Reto de Bonn; hace que los esquemas de REDD-plus tengan también un alto riesgo de despojo de las tierras de propiedad colectiva y privada en las áreas de intervención de dicho mecanismo, al hacerse efectivas las garantías tras no poder cumplir la obligación contractual de conservar e incrementar el carbono en los sumideros y reservorios a su cargo; con el agravante de ser contratos internacionales que podrían ampararse en tratados de libre comercio.

· La meta óptima de los actores participantes y orquestadores de REDD+ es maximizar el carbono almacenado para la obtención del máximo de recursos financieros; y el logro de dicha meta no es consistente con la meta óptima para la adaptación, la cual podría requerir medidas que: no generan co-beneficios de mitigación, generan bajos niveles de reducción de emisiones de GEI, o requieren procesos complejos para medir los “resultados de mitigación” por fuentes y sumideros a nivel de campo.

Por tanto, hace un llamado al Gobierno de El Salvador, especialmente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Educación (MINED) y los gobiernos locales, a abandonar la implementación de iniciativas de REDD-plus en El Salvador en todas sus variantes, y los enfoques, políticas y programas que los enmarcan, atendiendo urgentemente los siguientes puntos:

· Reorientar, re-conceptualizar y reformular, sin el mecanismo de REDD-plus, el marco de políticas sobre cambio climático, a fin de dar respuestas apropiadas y efectivas a las necesidades y prioridades de reducción de los impactos climáticos y la vulnerabilidad, e incremento de la «resiliencia» y «capacidad de adaptación» de los diferentes sectores y sistemas socio-económicos y ecológicos del país.

· Desvincular al Reto de Bonn y al FCPF como las iniciativas emblemáticas para el abordaje del cambio climático en el ámbito nacional, ya que se estarían imponiendo políticas de altos riesgos para los intereses del Estado y su población; con pocas posibilidades de éxito y dudosa viabilidad; y cuyas consecuencias estarían agravando la actual crisis económica, financiera, ambiental y social del país.

· Desarrollar y establecer un marco idóneo, eficaz y transparente para la adaptación al cambio climático, mediante la preparación de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNAD), que se constituya en el instrumento rector de la política y acción climática en el país y que sustente al componente de adaptación en la Primera Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) del Estado salvadoreño, a ser presentada a más tardar al momento de ratificar el Acuerdo de París.

· Diseñar e implementar un «sistema nacional de medición, notificación y verificación de la adaptación al cambio climático», el cual permita, entre otras cosas, identificar y diferenciar las medidas de adaptación de las acciones de mitigación; estimar el nivel de adaptación logrado por sectores y sistemas, especialmente los sub-sectores y sub-sistemas agropecuarios, la biodiversidad y el agua; evitar los cálculos netos de deforestación y degradación de la tierra, según los cuales los ecosistemas naturales podrían ser sustituidos por plantaciones mono-específicas e incluso cultivos agro-industriales; reportar el nivel de restauración y rehabilitación ecológica logrado en un clima cambiante, mediante un sistema de criterios, indicadores y verificadores para tal fin; y establecer un mecanismo estandarizado que no permita el múltiple conteo de una misma área intervenida con diferentes medidas o proyectos de adaptación.

· Estimar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los sectores UTCUTS y «Agricultura», también agrupados como sector «Agricultura, Silvicultura y Uso de la Tierra» (AFOLU), en integración a la estimación de GEI para los sectores «Energía», «Industria» y «Desechos» en el marco de la preparación de los Inventarios Nacionales de GEI según las metodologías establecidas por el IPCC y la Convención, y determinar el potencial de mitigación con base en las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) y el componente de mitigación de la NDC; evitando el múltiple conteo de áreas geográficas intervenidas y visibilizando para el sector AFOLU los valores de las emisiones por fuentes y actividades y las remociones por sumideros para todos los GEI, antes de presentar los balances netos.

· Promover los mecanismos estatales de financiamiento, y por tanto la alineación de la cooperación internacional, para la dotación de recursos previsibles, accesibles, sostenidos y sin intermediarios para iniciativas y proyectos de adaptación al cambio climático, especialmente en biodiversidad y ecosistemas, agua, soberanía alimentaria, economía solidaria, gestión de áreas naturales y el sector agropecuario. Lo anterior, sin estipulación de criterios, requisitos o líneas de trabajo que los incluyan bajo el PRREP-PREP, el Reto de Bonn, el FCPF o similares; ni presiones a las entidades, comunidades y personas receptoras de fondos para involucrarse, incluso de manera involuntaria o sin consentimiento, en actividades de REDD-plus.

· Implementar de manera impostergable un marco de transparencia para la gestión del PRREP-PREP, que exprese con claridad y veracidad que REDD-plus es una iniciativa de movilización de recursos para compensar las emisiones de GEI de otros países vía la compra-venta de bonos de carbono a partir del reforzamiento de sumideros y reservorios de carbono en nuestro país; y en tal sentido se exprese a los actores y sectores involucrados los requerimientos, riesgos e impactos de este negocio, y la manera como se distribuirán los beneficios y pérdidas entre los involucrados públicos y privados a nivel nacional.

· Excluir completamente a REDD-plus como parte de la Primera NDC del Estado salvadoreño, pues no contribuye a la mitigación efectiva, posee altos riesgos, genera impactos negativos para la adaptación, y los resultados de mitigación que aparentemente podrían generarse no son sujetos al doble cómputo, y por tanto serán utilizados y contabilizados para cumplir la NDC de los países receptores de la transferencia internacional, y no a favor del Estado salvadoreño.

· Crear los mecanismos y espacios de participación inclusiva, sustantiva, transparente, incidente y vinculante, que sean fundamentados en el «Principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado»; e incorporen un enfoque eco-céntrico, la perspectiva de derechos humanos y democráticos, equidad de género, equidad inter-generacional y conocimiento y experiencia ancestral y local.

Exhorta a los diferentes actores y sectores no gubernamentales interesados e involucrados en la implementación de REDD-plus en El Salvador específicamente a través del PRREP-PREP en los territorios de Apaneca-Ilamatepec, el Bajo Lempa, Trifinio-Cerrón Grande, Cordillera del Bálsamo y Goascorán–Golfo de Fonseca, y otras zonas, a:

· Investigar a fondo las promesas y supuestos beneficios socio-ambientales y económicos provenientes de las ofertas de recursos para proyectos de restauración, reforestación, agricultura sustentable o adaptación vía el PRREP-PREP, pues su objetivo está centrado en el establecimiento de REDD-plus en los territorios.

· Demandar al MARN que informe inmediatamente a la ciudadanía de manera transparente, veraz y comprensible las implicaciones de involucrarse en proyectos de REDD-plus, en términos de aumento de la vulnerabilidad socio-económica y ambiental, como también en términos de los impactos negativos para el sistema climático y sociedades humanas; mediante la presentación de un marco de transparencia para la gestión del PRREP-PREP o cualquier otro programa o proyecto que surja de manera similar.

· Exigir al MARN, MAG y gobierno central en general, un manejo del tema de cambio climático que sea transparente, regido por el interés superior del Estado salvadoreño, y que visibilice las complejidades, falencias, debilidades y disfunciones asociadas a REDD-plus, así como los impactos negativos que podrían derivarse de su montaje y activación; con el fin de que no se afecte o violente el goce y existencia misma de los bienes comunes del Estado, y que los actores lo hagan con pleno conocimiento de los riesgos.

· Impulsar y participar de procesos de sensibilización, educación, comunicación, fortalecimiento de capacidades y cooperación inter-institucional, asegurando para estos procesos: (i) aplicar el principio «precautorio» y del «consentimiento libre, previo e informado», y los valores ético-políticos de sustentabilidad ambiental y racionalidad ecológica; (ii) sustentar las propuestas y discusiones en el mejor conocimiento científico sobre cambio climático, ancestral, global y local para identificar las falencias, disfunciones, amenazas e impactos negativos de REDD-plus; (iii) asegurar la inclusión y la participación plena de comunidades rurales, pueblos indígenas, sectores productivos, asociaciones gremiales y empresariales, actores gubernamentales y no gubernamentales, y academia, entre otros.

· Evitar actuar como grupos de presión, incidencia y cabildeo en pro de REDD-plus, tanto en el ámbito internacional como en el nacional y local, motivados fundamentalmente por ofertas de movilización de recursos financieros; y sin una visión clara de las repercusiones locales y mundiales de promover dicho mecanismo, el cual ya ha probado ser inefectivo como estrategia de mitigación del cambio climático, ineficaz para frenar la deforestación y degradación ambiental, e inapropiado para reducir la vulnerabilidad y evitar los impactos negativos del cambio climático

La Mesa de Cambio Climático de El Salvador, afirma su compromiso de continuar aportando de manera propositiva al Estado salvadoreño para contribuir a fortalecer el marco de políticas y la acción para enfrentar el cambio climático.

Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 9 de septiembre de 2016.