En octubre, el brazo de préstamos del sector privado del Grupo del Banco Mundial (Corporación Financiera Internacional, IFC) confirmó la cancelación de un controvertido proyecto hidroeléctrico Santa Rita en Guatemala, aprobado bajo el esquema de compensación de carbono de la ONU Clean Development Mechanism (CDM). El anuncio sigue a un informe del Defensor del Pueblo de IFC que encontró fallas serias en la planificación del proyecto, y la retirada del apoyo del Dutch Development Bank (FMO). Carbon Market Watch da la bienvenida al cierre de un largo proceso que vio enfrentamientos violentos como resultado de violaciones de derechos humanos, y llama a asegurar que los futuros proyectos de mitigación del cambio climático respeten los derechos humanos.

La presa hidroeléctrica Santa Rita se iba a construir en la región de Alta Verapaz en Guatemala con el apoyo financiero de un fondo de capital privado respaldado por instituciones bilaterales y multilaterales como los bancos de desarrollo alemanes y holandeses (DEG y FMO), el Banco Mundial de Finanzas Internacionales Corporation (IFC) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

Protestas mortales

Desde sus inicios en 2010, el proyecto de represa hidroeléctrica enfrentó una feroz oposición de las comunidades indígenas afectadas cuyos derechos al consentimiento libre, previo e informado fueron violados, y cuyo acceso al agua y a una alimentación adecuada habría estado en riesgo si el proyecto hubiera avanzado.

En consecuencia, Santa Rita estuvo en el centro de un conflicto violento entre las comunidades y el desarrollador del proyecto, con consecuencias dramáticas: desde 2010, siete personas han sido asesinadas, incluidos dos niños en 2013, lo que obligó al desarrollador del proyecto a detener la construcción de la presa .

Registro MDL a pesar de las preocupaciones por violaciones de derechos humanos

Junto con organizaciones que representan a las comunidades afectadas localmente y miembros del Parlamento Europeo, Carbon Market Watch ha hecho campaña contra el registro del proyecto bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la CMNUCC desde 2013.

Como resultado de la presión de la sociedad civil y los legisladores europeos, Santa Rita fue el primer proyecto que fue revisado oficialmente por la Junta del MDL sobre las preocupaciones sobre cómo se llevó a cabo la consulta. Esto llevó al Consejo a enmendar sus reglas con el fin de exigir que la consulta con las partes interesadas locales cumpla con la legislación nacional. Sin embargo, independientemente de estos pasos, la Junta aprobó el registro de CDR de Santa Rita en julio de 2014.

La Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, se congratuló de los recientes acontecimientos: “Se ha dedicado mucho trabajo a señalar estos defectos a la atención del Consejo de Mecanismos de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas. El Acuerdo Climático de París establece que la acción climática debe respetar, promover y considerar las obligaciones en materia de derechos humanos. Es de suma importancia que esto se implemente. Los derechos humanos deben ser una parte integral de cualquier evaluación de impacto de los proyectos climáticos desde el principio: no hay sostenibilidad a menos que se respeten los derechos humanos. En Santa Rita hubo graves deficiencias en el proceso. Con suerte, a partir de ahora comenzaremos a ver las evaluaciones de impacto en los derechos humanos como parte integral de la fase de planificación de cualquier proyecto de acción climática de la ONU “.

Deficiencias reconocidas

Como reacción al registro MDL, las organizaciones locales presentaron una queja oficial ante el Defensor del Comprador (CAO), un mecanismo de recurso independiente para la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mundial, destacando las deficiencias del proyecto y la inconsistencia con varios los Estándares de Desempeño de la IFC.

A fines de octubre de 2017, la CAO publicó las conclusiones de su investigación y encontró que “la revisión de la CFI pasó por alto las debilidades en la diligencia debida ambiental y social […]”. Las deficiencias clave incluyen “lagunas en la información de evaluación ambiental”; una “falta de una evaluación de impacto social”; “Análisis inadecuado de los impactos esperados del proyecto sobre la biodiversidad, el uso de la tierra, el agua potable, los medios de subsistencia y el patrimonio cultural; y una “falta de una evaluación de si el fondo cumplió […] con el requisito de consentimiento informado previo libre”.

Retirada del apoyo financiero del proyecto

En su respuesta, la CFI aclaró que “el Cliente tomó la decisión de no continuar con el Proyecto”. El Banco Nacional de Desarrollo de Holanda (FMO) también declaró que “ha abandonado su inversión directa en el proyecto”.

Máximo Ba Tiul, portavoz del Consejo en Resistencia Sierra de las Minas, una de las organizaciones denunciantes que representa a las partes interesadas, acogió las conclusiones de la CAO y la reacción de FMO, diciendo que ambas noticias “trajeron esperanza a las comunidades que se resisten al modelo de desarrollo extractivista”. M. Ba Tiul pide además al gobierno de Guatemala que tenga en cuenta el informe e inicie medidas de reparación para las comunidades afectadas.

Los recientes acontecimientos tuvieron lugar justo antes de la 23ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, donde los países se reunieron para debatir cómo debería funcionar en la práctica el sucesor del MDL, el Mecanismo de Desarrollo Sostenible. Carbon Market Watch llama a los países a extraer lecciones de Santa Rita y otros controvertidos proyectos MDL, para garantizar que los derechos humanos y el desarrollo sostenible sean el núcleo de cualquier futura cooperación multilateral sobre el clima y garantice que se eviten los proyectos de mitigación que violen los derechos humanos. derechos o causar daño ambiental.

Fuente: carbonmarketwatch.org