El estado de California está interesado en incluir créditos REDD en su programa de límite e intercambio. El gobernador de California, Jerry Brown, colaboró ​​estrechamente con la industria petrolera en la política climática de California y está presionando para que se permita que REDD “compense” la contaminación actual en California.
En noviembre de 2010, los gobiernos de California, Acre y Chiapas firmaron un Memorando de Entendimiento destinado a crear un sistema de crédito de carbono REDD entre los tres estados. El dinero iría a Acre y Chiapas a cambio de las continuas emisiones de gases de efecto invernadero en California.

Pero el programa de límites e intercambio de California aún no permite que la industria contaminante en California compre créditos REDD de Acre y Chiapas.

Amigos de la Tierra Internacional lanzó recientemente un informe que analiza las lecciones que se pueden aprender de la cooperación entre California, Acre y Chiapas. El informe, “REDD + El mercado del carbono y la cooperación California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de despojo”, fue escrito por Fabrina Furtado.

Esta publicación se centra en los impactos del memorándum de REDD en Acre y Chiapas, en base a los hallazgos del informe.

Acre: ¿Problemas resueltos o empeorados?

En 2010, el estado de Acre en Brasil creó el Sistema de Incentivos aos Serviços Ambientais (SISA, el Sistema de Incentivos de Servicios Ambientales, en inglés). SISA tenía como objetivo “promover el mantenimiento y la expansión del suministro de servicios y productos de los ecosistemas”. Los fondos provienen del BNDES Amazon Fund y del KfW de Alemania a través de su programa REDD Early Movers.

Organizaciones de la sociedad civil en Acre (CIMI – El Consejo Misionero para los Pueblos Indígenas, la Federación de la Gente de Aci Huni Kui, el Centro de Investigación sobre el Estado, la Sociedad y el Desarrollo en la Región del Amazonas Occidental en la Universidad Federal de Acre, y el Sindicato de Trabajadores Rurales de Xapuri) argumentan que se necesita un análisis en profundidad de SISA. Furtado escribe,

Se necesita más información sobre sus efectos conocidos y desconocidos no solo en los territorios, sino también en otras políticas estatales y en la sociedad misma. De hecho, el debate y las reflexiones sobre este tema no fueron lo suficientemente amplios, diversos y sustanciales dado que los grupos directamente afectados por los proyectos no participaron, excepto algunos líderes indígenas cercanos a las grandes organizaciones involucradas, como WWF y Forest Trends. .

Una de las contradicciones con el mecanismo jurisdiccional de comercio de carbono REDD propuesto por Acre con California es que choca con la política del gobierno brasileño. En noviembre de 2015, Brasil creó el Comité Nacional REDD + en virtud del Decreto no. 8.576. Esto prohíbe la venta de créditos REDD a otros países.

Thelma Krug, del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, explicó a Furtado que esto no significa que Brasil se oponga al comercio de carbono. En cambio, el gobierno está “en contra de la compensación para los países y las corporaciones en el Norte, pero no para nuestras compañías”.

Furtado informa que las actividades que se supone que generan ingresos para las familias que se dedican actualmente a la ganadería no tienen éxito:

En cuanto a las actividades diseñadas para generar ingresos para las familias que, por falta de otras opciones, se han dedicado a la ganadería en pequeña escala, no solo resultan en la criminalización de las comunidades y terminan por ocultar la responsabilidad de los grandes terratenientes, también fallan porque no tienen en cuenta el contexto local. Los ingresos generados no son suficientes para cubrir las necesidades de subsistencia de las familias. Los tanques de peces, por ejemplo, estaban tan mal construidos que no contenían suficiente agua para que los peces sobrevivieran. Muchas de las semillas que se distribuyeron para cultivar açaí nunca se utilizaron debido a la falta de infraestructura para la cosecha y el procesamiento, y las personas de Acre no consumen grandes cantidades de esta fruta.

Chiapas: expulsiones, privatizaciones y endeudamiento

En 2009, el estado de Chiapas en México comenzó a desarrollar el Programa de Acción de Cambio Climático, que dio prioridad a la implementación de un sistema jurisdiccional de REDD.

Furtado escribe eso,

REDD está siendo denunciado en el estado de Chiapas y en México en general por ser responsable de la violación de los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales para quienes las cuestiones agrarias son fundamentales. Los territorios considerados prioritarios para el país se están expropiando a través de la promoción de la propiedad privada, y se están eliminando las habilidades tradicionales, los medios de subsistencia y las prácticas colectivas.

Ella escribe que muchas comunidades con experiencias de Pago por Servicios Ambientales en Chiapas encontraron que sus expectativas de generación de ingresos no se cumplieron. En cambio, se creó un grupo de terratenientes de élite para atraer recursos para el pago por servicios ambientales. Los aldeanos que llevaban a cabo la agricultura colectiva, que coexistían con los bosques fueron expulsados ​​de la zona.

Mientras tanto, las comunidades son culpadas por la deforestación. Su capacidad para gestionar colectivamente su territorio se ve socavada. Furtado escribe que los mecanismos de REDD “terminan abriendo el territorio a la invasión de la minería, la tala y los megaproyectos”.

Furtado nota que,

Las estrategias utilizadas para legitimar este proceso se basan en discursos que promueven la participación, la importancia de la relación de la comunidad con la naturaleza, la igualdad de género, la inclusión y el fin de la pobreza.

El estado y las empresas mexicanas argumentan que los programas de REDD y Pagos por Servicios Ambientales se implementan en las áreas con las tasas de pobreza más altas. Los programas de REDD son necesarios para generar desarrollo e inclusión. “El objetivo”, escribe Furtado, “parece ser el uso de políticas ambientales para crear mercados”.

[L] a lógica de REDD les permite tomar el control de los territorios de las comunidades tradicionales, lo que permite el acceso de las empresas a las plantas y los animales que están siendo apropiados por la industria farmacéutica.

El negocio del clima

REDD no aborda las causas estructurales del cambio climático o la deforestación, concluye Furtado. La lógica de REDD y el discurso dominante sobre el cambio climático garantizan que las políticas se basen en el mercado. El resultado es dominación, explotación y expropiación. “Los problemas estructurales, como las desigualdades históricas, se reducen a problemas ambientales”, escribe Furtado.

Hablando sobre los proponentes de REDD, un líder indígena de Jaminawa le comentó a Furtado,

“A menudo dicen que somos ecologistas. No soy ecologista Soy Jaminawa y moriré Jaminawa. Defiendo la vida y lo que es importante para la vida “.

El informe es crítico de las salvaguardas. Furtado escribe eso,

“Para obtener financiamiento para los programas de REDD +, un gobierno simplemente puede declarar que respeta el conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas. Esto es lo que encontramos en los casos de Acre y Chiapas donde los proyectos y políticas tienen una lista de salvaguardas que los actores dominantes (el estado, las corporaciones y las organizaciones de certificación) afirman repetidamente que respetan, pero cuando visitamos los territorios, encontró lo opuesto. Las salvaguardas son simplemente un instrumento de retórica y una forma de neutralizar las críticas a los proyectos de REDD.