Este texto pretende ser un esfuerzo inicial por comprender las dinámicas de elaboración e implementación de proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques), explorando patrones o similitudes en cada uno de los países centroamericanos, y el rol de diversas agencias de cooperación y organizaciones no gubernamentales internacionales.

REDD+ es promovido en la región principalmente por instituciones multilaterales como el Banco Mundial, agencias de cooperación de países del Norte y ONGs internacionales, como un mecanismo crucial en la lucha contra la deforestación y el cambio climático. Sin embargo, la puesta en práctica revela una realidad diferente.

De los procesos nacionales de implementación de REDD+ que llevan a cabo los gobiernos centroamericanos en alianza con entidades de cooperación, destaca Guatemala. En este país se viene ejecutando el proceso más grande y caro de toda Centroamérica. La historia de REDD+ en Guatemala se registra desde 2009, cuando el fondo del Banco Mundial destinado a promover este mecanismo, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por su sigla en inglés) (1) le dona US$200.000 para elaborar la Preparación de la Propuesta Nacional REDD+ (R-PP, por su sigla en inglés). Para 2011 este documento fue aprobado y el FCPF desembolsa en seguida otra donación por un monto de US$3.6 millones al gobierno Guatemalteco. Sumado a lo anterior, hay que resaltar que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) y el Fondo del Medio Ambiente Mundial (FMAM), donan respectivamente US$5 y US$44 millones. En abril de 2014 el Gobierno de Guatemala recibe aún más dinero cuando firma el acuerdo de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que opera como socio implementador del FCPF. La suma que Guatemala consigue del BID es de US$250 millones.

Guatemala se ha comprometido a reducir doce millones de toneladas de CO2 (dióxido de carbono), de las cuales el proyecto Guate-Carbón pretende “absorber” más de la mitad. Cada tonelada de carbono “absorbida” podrá ser vendida a empresas o países que estén contaminando en otros lugares. Este proyecto abarca la zona boscosa continua más grande de la región en la Reserva de la Biosfera Maya, Departamento del Petén. Sin embargo, en Petén, al lado de proyectos REDD+, los monocultivos industriales de palma aceitera continúan extendiéndose (2). Es importante recalcar que Guatemala es uno de los primeros territorios del laboratorio experimental de proyectos de compensación de servicios ambientales. En 1988 la empresa energética estadounidense Applied Energy Services (AES) firma un acuerdo con la ONG CARE para invertir en proyectos de conservación de bosques en el altiplano, los cuales “compensarían” las emisiones de la construcción en los Estados Unidos de una planta eléctrica de producción de 183 megavatios a base de carbón mineral (3).

Otro de los grandes emprendimientos de este tipo en Guatemala es el proyecto de REDD+ “Bosques para la Vida”, en la Sierra del Lacandón, cuya extensión es de 202,865 hectáreas y es financiado por la Unión Europea y el gobierno Alemán por medio de la Iniciativa Internacional para el Clima. Sus promotores pretenden colocar el proyecto en el mercado voluntario de carbono u otros esquemas de compensación de emisiones.

Al mismo tiempo que sucede esta apantallante inversión en REDD+, aparecen denuncias sobre las influencias de la familia Archila en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala para los despidos a la mitad del personal de Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). La familia Archila tiene grandes inversiones en la industria extractiva de Guatemala (4) lo que señala los verdaderos intereses tras las decisiones organizativas y políticas de conservación, para que estas no afecten de ninguna manera a los megaproyectos de despojo.

Por otro lado, Honduras es quizá uno de los países donde la implementación de REDD+ ha sido la más lenta según datos oficiales, pero, aun así, el gobierno de Porfirio Lobo (heredero del Golpe de Estado de 2009) ha declarado públicamente su respaldo a la implementación, pese a la oposición de organizaciones comunitarias quienes denuncian la falta de espacios para una consulta previa, libre e informada sobre este proceso. Esto no es novedad debido a que en 2003-2004 el Estado hondureño aprobó la Ley de Propiedad con el apoyo del Banco Mundial. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denunció esta Ley como lesiva para los territorios y pueblos indígenas, ya que violó el derecho a la consulta estipulada en el convenio 169 de la OIT. Esta Ley allanó el camino para la implementación de REDD+, ya que vulnera el carácter colectivo de la propiedad promoviendo la disolución del régimen comunitario de tenencia de la tierra.

Según datos de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, se han titulado 760.000 hectáreas en territorio de la mosquitia hondureña (5), tierras que antes eran de dominio comunitario y que ahora las comunidades se ven obligadas a titular como cooperativas o asociaciones privadas para acceder a los fondos REDD+. Esto significa un proceso acelerado de privatización de tierras impulsado por el incentivo perverso de los mecanismos de compensación.

En el caso de Nicaragua existe un énfasis en la zona boscosa más grande del país localizada en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur (RACCNS) donde se localiza más del 67% de los bosques de este país y donde habitan poblaciones Miskitas, Mayangnas Ulwas, Ramas, Garífunas y Creoles. En total, las poblaciones suman más de 600 mil habitantes en toda la RACCNS con un 27% del territorio nicaragüense. El FCPF del Banco Mundial ha invertido un total de US$3.6 millones para ser utilizados en la construcción de los escenarios nacionales de niveles de emisiones y referencia (cuantificación de emisiones), el diseño de un sistema de monitoreo forestal, la puesta en marcha de un sistema de monitoreo, reporte y verificación de emisiones de CO2, y la continuación de los procesos de consulta y la evaluación ambiental y social estratégica (6). Pese a esto, no se constata ningún proceso amplio de información o consulta a las poblaciones de los bosques de la RACCNS.

En cuanto a Costa Rica la implementación de REDD+ ha sido liderada por Fonafifo (entidad que le corresponde la administración del sistema de Pago de Servicios Ambientales), y financiada por la cooperación alemana (GIZ), el programa REDD de las Naciones Unidas (ONU-REDD), el fondo de cooperación noruego (NORAD) y mayoritariamente por el FCPF del Banco Mundial. Sumado a esto, existe un plan nacional de consulta indígena por el cual Costa Rica recibió US$1,1 millones. En total, los fondos destinados para la estrategia REDD+ en Costa Rica se calculan en US$12 millones y medio.

La implementación costarricense sin embargo ha sido particularmente polémica debido a las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas al no cumplirse con el proceso de consulta previa, libre e informada según el convenio 169 de la OIT. Organizaciones indígenas han reiterado en diversas ocasiones la necesidad de un diálogo real en cuando a la implementación de REDD+ en sus territorios. En octubre del 2015, cerca de 400 personas indígenas se manifestaron en la Casa Presidencial para anunciar su rechazo a REDD+. Lamentablemente, sus demandas por una consulta transparente no fueron recibidas. En febrero de 2016, el gobierno da por terminada la etapa de pre-consulta con los pueblos indígenas, afirmando que el 95% del plan de consulta fue implementado. En respuesta a esto, el primero de julio, un aproximado de 400 personas se hicieron presentes en la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena Bribri (ADITIBRI), en Suretka, para la entrega pública de la Declaración de Territorio Bribri de Talamanca Libre de REDD+ (7).

En El Salvador la propuesta estratégica nacional para REDD+ dice priorizar el Incremento de las Reservas Forestales de Carbono, principalmente mediante la transformación de prácticas agrícolas de subsistencia. Asimismo, impulsa la reducción de emisiones de los ecosistemas forestales existentes en el país (manglares, otros bosques naturales y sistemas agroforestales como los cafetales bajo sombra) a través de proyectos REDD+.

Recibe fondos del FCPF y el Banco Mundial actúa como fiduciario. El Comité de Cambio Climático del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente (SINAMA), establecido en 2012, actúa como cuerpo directivo de la Estrategia REDD+. Ese mismo año se genera la formulación del documento que contiene la Preparación de la Propuesta Nacional REDD+ (R-PP, por su sigla en inglés) del Salvador.

Pero las dudas y el descontento surgen pronto. En mayo de 2012, una carta dirigida a Benoit Bosquet, Coordinador del FCPF del Banco Mundial, y firmada por 23 organizaciones y comunidades indígenas del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, exige el rechazo del R-PP enviado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para iniciar los proyectos de REDD+. Esta carta afirma que el rechazo es debido a “que su diseño no considera ni incorpora las preocupaciones ni necesidades de los pueblos indígenas de El Salvador en materia de impacto y adaptación al cambio climático, y el proceso para su elaboración adoleció de una consulta previa, libre e informada con dichos pueblos conforme al derecho indígena internacional” (8)

Finalmente en Panamá la situación de violación de los derechos de los pueblos indígenas no es muy diferente al resto de la región. En lo que respecta a la implementación de REDD+ existen serías denuncias sobre el derecho al acceso a la información. Desde el 2008 que se comienza con supuestos talleres de consulta por parte de Consejo Nacional De Pueblos Indígenas en Panamá (COONAPIP) el cual promueve la estrategia de abordaje del tema REDD+, con serias críticas desde el inicio.

Para 2010 ONU-REDD desembolsa US$5.3 millones para la generación de la Estrategia Nacional bajo la tutela de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Congreso Nacional Kuna (máximo órgano del pueblo indígena de Kuna-Yala) rechaza en 2013 el proceso de implementación de REDD+ en Panamá por considerarlo violatorio del convenio 169 de la OIT, debido a la poca información y transparencia con que el que se llevó a cabo el proceso. (9) En 2013, la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) también se retira de las negociaciones de REDD+ porque le negaron el consentimiento libre, previo e informado al proyecto, presentando una denuncia ante a la ONU. Posteriormente COONAPIP acepta reanudar el diálogo. (10)

REDD+: más violencia hacia los bosques, territorios y comunidades

Después de revisar algunos de los datos de las experiencias REDD de cada país, encontramos algunas similitudes en los procesos:

El 44% de los bosques de Centroamérica se encuentran dentro de las áreas habitadas y utilizadas por los pueblos indígenas (11). De ahí el gran interés de los proyectos REDD+ de cada país para ejecutarse en estos territorios;

A la fecha, ningún país ha concretado un proceso de consulta amplio y transparente con las comunidades. No se han implementado adecuados procesos de información y consulta a los pueblos indígenas de la región sobre la implementación de REDD. Son evidentes en mayor o menor medida los conflictos y las denuncias sobre la falta de diálogo, de representación, y de corrupción, entre otras, durante la elaboración e implementación de proyectos REDD+;

Los enfoques y fuentes financieras son similares. El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), las ONGs Rainforest Alliance, The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund (WWF), los fondos de cooperación de países del norte como el fondo alemán (GIZ), son algunos de los nombres que son coincidentes a nivel regional cuando se habla de este tema. Cabe recalcar que algunas de estas agencias de cooperación internacional, bancos regionales, ONGs y empresas certificadoras están vinculadas a proyectos que han sido denunciados por violar el derecho de consulta del Convenio 169 de la OIT y empujar procesos poco legítimos o desconocidos por los colectivos comunitarios y organizaciones locales donde instalan sus proyectos;

Las propuestas de REDD+ profundizan la privatización de los bosques y territorios, ya que estipulan que los bosques tienen valor solo por su capacidad de absorber carbono, el cual puede ser apropiado por actores privados o externos al bosque. REDD+ significa que los bosques sean manejados e inalterados desde una visión conservacionista. En consecuencia, las comunidades dependientes del bosque no pueden utilizar los elementos del mismo para sus usos tradicionales y pierden el control de sus territorios;

Por último, este mecanismo no ataca las causas principales de la crisis climática: la combustión de combustibles fósiles; el modelo de producción y consumo, que en los países centroamericanos se traduce en monocultivos (palma aceitera, caña de azúcar, piña) en gran escala, entre otros mega-proyectos extractivistas que están acarreando graves problemas en la región.

De hecho, los problemas directos que devienen de no atacar el modelo de producción extractivo como una de las causas principales del cambio climático, ha permitido que la industria extractiva minera, forestal, petrolera, energética y de agronegocios, continúe en una expansión de costos violentos y dolorosos en la región centroamericana. Nuestros países se viven como una de las zonas más peligrosas para la población que defiende sus territorios. Según la ONG Global Witness, cada 48 horas es asesinada en la región a una persona activista que lucha contra el extractivismo. En 2015, asesinaron a 12 personas en Nicaragua, 10 en Guatemala y 8 en Honduras. REDD+ incrementa la violencia hacia la tenencia colectiva de la tierra y los bosques de las comunidades centroamericanas y hacia el derecho de consulta y libre determinación de los pueblos.

Tras estas formas en expansión, también encontramos que las comunidades en todos los países se organizan y resisten en contra de la privatización de la tierra y de la regulación de sus prácticas, y ponen sus formas de cuido y cuerpos para la protección de bosques y colectividades.

Henry Picado, Red de Coordinación en Biodiversidad, agrobici@gmail.com
Zuiri Méndez, Kioscos Ambientales, zuirizuiri@gmail.com
Mariana Porras, Coecoceiba Amigos de La Tierra, mariana@coecoceiba.org

Notas

(1) El FCPF es un fondo climático creado con donaciones de 15 países y administrado por el Banco Mundial que financia actividades de preparación y de pago por desempeño del mecanismo REDD+. El FCPF promueve en los países con bosques tropicales y subtropicales el desarrollo de sistemas y políticas conducentes para REDD+ (tales como la apertura de los marcos legales forestales y de tenencia de tierras a los mercados de carbono y otros mercados afines) y les proporciona pagos basados en desempeño por la compensación de emisiones. El FCPF entró en fase operativa en el 2008 y complementa las negociaciones sobre REDD+ dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), al intentar demostrar cómo REDD+ podría ser aplicado a nivel de país.
(2) El Programa REDD+ en Guatemala genera diversidad de opiniones y resultados, Mongabay, Marzo 2016, ver aquí.
(3) Ídem
(4) Centro de Medios Independientes. (2016). La familia Archila detrás de los despidos de Conap, ver aquí.
(5) PRISMA (2014). Mesoamérica a la delantera de los derechos comunitarios: Lecciones para hacer que REDD+ funcione. Ver aquí.
(6) PRISMA (2015) REDD+ Jurisdiccional en Centroamérica: Oportunidades e implicaciones para pueblos indígenas y comunidades forestales, ver aquí.
(7) Bribris: Un pueblo nunca conquistado que le planta la cara a REDD, Boletín WRM Febrero 2016, ver aquí ;
Bosques para las comunidades no para el mercado. Miradas críticas sobre REDD, ver aquí.
(8) Civil society in El Salvador demands more than REDD+ from climate change negotiations. Ver aquí.
(9) Panamá: ONU REDD viola principios de la propia Declaración sobre Derechos de los PP.II. Ver aquí.
(10) Panama’s efforts to gain funding for standing forests roiled by indigenous opposition ver aquí.
(11) Nuevo mapa muestra cómo los pueblos indígenas de Centroamérica ocupan y resguardan gran cantidad de bosques, ríos y aguas costeras. Ver aquí.

Fuente: Boletín 226 del WRM

Fotografía: Zuiri Méndez