Al término del curso “Políticas climáticas, participación de la sociedad civil y los impactos en los territorios”, Douglas Freitas, de Amigos de la Tierra Brasil, conversó con tres investigadoras sobre los proyectos para la Reducción de las Emisiones de la Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) promovidos por las Naciones Unidas, y el avasallamiento que terminan haciendo de derechos de las comunidades.

El curso se realizó en Porto Alegre, Brasil, el 7 de julio, con la organización de las filiales de Brasil y Alemania de Amigos de la Tierra.

Una de las entrevistadas fue Fabrina Furtado, autora de la publicación REDD+, O Mercado de Carbono e a Cooperação Califórnia-Acre-Chiapas: legalizando os mecanismos de despossessão. Furtado explicó que su interés por el tema surgió cuando el gobierno de Acre (primer estado brasileño en implementar un proyecto REDD) creó el “Sistema de incentivos a servicios ambientales”. Ese sistema, al igual que REDD, se apoya en el mercado del carbono, instrumento impulsado para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, Furtado acusó que se trata de una falsa solución, que no resuelve la alteración del clima, porque no cambia la forma de producir, no busca incidir en el transporte ni en el consumo. De esa forma, las empresas “pueden comprar créditos de carbono, en vez de disminuir sus emisiones”, dijo. Detalló que en el mercado de carbono una empresa puede pagarle a otra que redujo sus emisiones y “esos son los créditos de carbono que cambia”. El derecho de emitir carbono es adquirido a través de negociaciones en bolsas de valores. Agregó que las empresas también pueden invertir en proyectos sustentables, como las hidroeléctricas, bastante extendidas en Brasil y que “de sustentables no tienen nada”, comentó. En todos los casos, el factor común es que “provocan conflicto en las comunidades”, dijo, porque se introducen en sus territorios y limitan prácticas ancestrales de supervivencia. En el caso que relata Furtado, los créditos producidos en Acre y en la selva de Chiapas, México, serían vendidos a empresas de California para que continúen produciendo de la forma en que producen. “Ellas compran un derecho de continuar contaminando, esas comunidades son responsabilizadas del cambio climático que no parte de ellas”, explicó.

Furtado destacó que gracias a la resistencia de los pueblos de Acre, Chiapas y California, el gobierno californiano todavía no ha aprobado la compra de créditos de carbono en Chiapas y en Acre.

Freitas dialogó, también, con Letícia Turra y Mauren Santos, integrantes del Grupo Carta de Belém. El Grupo Carta de Belém se constituyó en 2009 y reúne organizaciones y movimientos socioambientales, trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar y campesina, quilombolas, organizaciones de mujeres, organizaciones populares urbanas, pescadores, estudiantes, pueblos y comunidades tradicionales y originarios que comparten la lucha contra la deforestación y por justicia ambiental en la Amazonia y en Brasil.

Letícia Turra, que integra, además, el grupo Fase, explicó lo que es el Grupo Carta de Belém, lo que representa en las ciudades y en la Amazonia el escenario del Mercado de Carbono y la importancia de la lucha conjunta de los territorios contra las falsas soluciones. Señaló que se constituyó para tener una incidencia sobre las políticas públicas, sobre los gobiernos, los órganos internacionales y sobre la sociedad, para que las organizaciones y las poblaciones estén atentas a este tipo de mecanismos. Explicó que la lucha de los territorios es crucial, porque estos proyectos afectan los derechos territoriales y el libre acceso de agricultores familiares y campesinos. Gracias al trabajo de este y otros grupos, dijo que poblaciones de la Amazonia se han opuesto al desembarco de estos proyectos, que no suelen hacer consultas previas, avasallando de esa forma otro derecho de los pueblos originarios.

Mauren Santos explicó que el Grupo Carta de Belém ha contribuido a entablar un debate crítico de estos mecanismos de mercado de carbono y que incluso organizaciones que antes cuestionaban el movimiento, ahora coinciden con su punto de vista. Luego del Acuerdo de París sobre cambio climático, propuso a las organizaciones prestar atención a los cambios internacionales, al “vaciamiento que viene practicando Estados Unidos”, pero también “a las políticas nacionales que va a implementar Brasil para cumplir con sus obligaciones en el Acuerdo de París”, y señaló la importancia de que los colectivos puedan debatir y proponer “lo que realmente debería ser una política climática brasileña y no una política montada para más producción de eucaliptos, más producción de agronegocios, de especies transgénicas adaptadas climáticamente, etcétera”.